¿Puede Colombia volver a considerar a Venezuela como proveedor de gas natural? La idea no es nueva, y de hecho, desde 2022 se ha planteado como opción si en Colombia se llega a presentar un escenario deficitario en el que peligre la adecuada atención de este servicio público domiciliario. Sin embargo, hasta el momento, esta iniciativa ha sido descartada por las sanciones que existen contra PDVSA y su inclusión a la lista de la OFAC, comúnmente conocida como “Lista Clinton”. En esta ocasión, abordaremos si esta oportunidad podría materializarse en un futuro cercano con la reciente captura de Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos.

El 3 de enero de 2026, una operación militar desarrollada en Venezuela, derivó en la aprehensión de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, para enfrentar ante las autoridades gringas cargos penales vinculados con narcotráfico y terrorismo. Este episodio activó inmediatamente la discusión sobre la transición del Ejecutivo venezolano dejando abierta la posibilidad de que, incluso, sea el gobierno de Estados Unidos quien orqueste el cambio de poder. Con ello, surge una pregunta válida para el sector energético colombiano: si hay un nuevo marco de relacionamiento internacional, ¿podrá permitirse la compra de gas natural venezolano hacia Colombia?

Antes de responder, es necesario recordar cuál es la actual inviabilidad para suscribir acuerdos para la compra de gas de Venezuela: las sanciones. A la fecha, PDVSA (compañía estatal) continúa incluida en la “Lista Clinton”, es decir, figura como una empresa señalada de participar en actividades de lavado de activos. Bajo las reglas del comercio internacional, por razones de seguridad y reputación, nadie celebra acuerdos con compañías incluidas en esa lista, y tampoco con compañías que mantengan relaciones comerciales con empresas listadas. Por eso, mientras el régimen de sanciones se mantenga, no existe un marco estable para que empresas colombianas importen hidrocarburos de PDVSA so pena de convertirse en parias comerciales. Sin embargo, cabe preguntarse si ante una transición de poder en Venezuela se abriría la puerta para la compra de gas con el país vecino.

En este punto, vale la pena mencionar que desde diciembre de 2024, por primera vez, Colombia empezó a importar gas natural para atender la demanda domiciliaria. Adicionalmente, las proyecciones del Gestor del Mercado (BEC) arrojan que, para el 2026, el 20 % del gas que consuman los usuarios en el país corresponderá a gas importado. Es por este motivo que desde el Ministerio de Minas y Energía se han coordinado esfuerzos para facilitar el desarrollo de infraestructura de importación de gas que, no solo supone el diseño de nuevos puertos, sino además, la construcción de plantas de regasificación que son las encargadas de transformar el Gas Natural Licuado a gaseoso para que éste pueda ser inyectado a nuestra red de gasoductos. Las inversiones en este tipo de infraestructuras suponen un esfuerzo significativo tanto para el sector público como privado, y es aquí donde toma relevancia el hecho de que Colombia y Venezuela están conectadas por el Gasoducto Antonio Ricaurte.

Importar gas por gasoducto sería potencialmente más competitivo que la importación mediante buques ya que los agentes del mercado colombiano contarían con una alternativa regional, lo que se traduce en un menor costo para el usuario final pues permitiría: (i) prescindir de la construcción de nuevos puertos y plantas de regasificación; (ii) estructurar contratos más estables por el factor de cercanía; (iii) contar con mayor previsibilidad de disponibilidad de cantidades y mayor certidumbre en los precios al no depender del inverno en Asia o la guerra entre Rusia y Ucrania.

Es por este motivo que, la posibilidad de una transición política en Venezuela, en paralelo a una definición explícita del gobierno de Estados Unidos sobre qué transacciones se permitirán con PDVSA bajo el mando de un nuevo Gobierno, abriría la puerta de que Colombia plantee relaciones comerciales de compra de gas natural con el país vecino. Sin embargo, en última instancia, dependerá de cómo evolucione la situación política y, sobre todo, si el Departamento de Estado de Estados Unidos excluye a la nacional petrolera de la Lista Clinton. Mientras esa ecuación no se aclare, seguiremos contemplando el gas venezolano como hipótesis más que una realidad operativa.