La receta que ha parecido funcionar en el ejercicio político latinoamericano es clara, y Colombia no ha estado exenta de caer en ella. Las propuestas bienintencionadas, sin importar qué tan imprecisas e inviables sean, tienen mayor acogida a aquellas que afirman que los cambios requerirán de tiempo y esfuerzo.

En Colombia, las candidaturas con tintes populistas parecen tomar fuerza de cara a las elecciones del 2022, y lo que resulta peligroso de esta forma de hacer política es que no distingue de partido o de ideología, generando que constantemente los votantes estemos expuestos a caer en ella.

Tanto los autodenominados dirigentes de derecha, como los de izquierda, e incluso el cuestionable centro, se valen de este tipo de activismo para ganar campo en la contienda, ignorando por completo que su ambición pone en riesgo la estabilidad de sectores esenciales para el país, como lo es el mercado eléctrico.

Pero ¿qué es el populismo? En palabras del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, se podría describir como una práctica política que se vale de propuestas demagógicas y de chivos expiatorios a quien atribuirles todas las culpas, a fin de capitalizar votos. El populismo usa la exageración como elemento clave para infundir miedo a la ciudadanía. Miedo que se traduce en votos. El populista vende la idea de que si elegimos una propuesta distinta a la suya, los intereses de la nación estarían en peligro, y por ese motivo, su elección representaría el verdadero cambio o la única salvación.

Así, la protección al medio ambiente y la transformación energética se han convertido en ese nuevo lugar común al que le apuntan las candidaturas. Prometer hazañas en torno a estos dos temas está de moda en el escenario internacional y encaja perfecto con el discurso popular de concebir a la administración pública como nuestra gran madre cuidadora.

No por nada las propuestas con mayor acogida en torno a ambas temáticas tienden a concluir que el Estado debe poner límites cuasi prohibitorios a cualquier iniciativa que pretenda hacer uso de los recursos naturales no renovables, pues así se le garantizaría al ciudadano un medio ambiente protegido y la generación de una energía más limpia.

En Colombia, el discurso verde tiene sus propias particularidades. Mientras que la versión populista sobredimensiona los peligros de la explotación de fuentes no renovables y propone su eliminación sin importar los riesgos que dicha medida representaría para la confiabilidad del mercado eléctrico, lo cierto es que nuestro país ha logrado diseñar un sistema en el que el carbón y los hidrocarburos jueguen un papel importante sin que esto signifique la desantención a la protección del medio ambiente.

Colombia lidera a nivel mundial el índice de sostenibilidad ambiental en generación de energía, sobrepasando a países como Dinamarca, Reino Unido, Nueva Zelanda, Alemania y Canadá. Esto se debe a que nuestra matriz está compuesta por más de un 70 % de fuentes renovables, mayoritariamente por hidroeléctricas, dando como resultado que las fuentes no renovables cumplan una función de respaldo en épocas de sequía.

Por esa razón, puede que un discurso que defienda la explotación de hidrocarburos como un aliado para la generación de energía no sea precisamente popular. Pero los gobernantes son elegidos para tomar decisiones que resulten pertinentes a suplir las necesidades de la ciudadanía. Deber que parecen olvidar en época de elecciones.

En ese sentido, resultaría peligroso para la democracia y la economía de un país, que las propuestas con mayor alcance no sean las basadas en evidencia sino aquellas que mediante una narrativa «buenista» pretendan atraer al votante. Son precisamente aquellas propuestas las que desatienden las necesidades y los desafíos de nuestro mercado, poniendo en riesgo la estabilidad de todo un sector.

Por todo lo anterior, y entendiendo que la protección del medio ambiente y la transformación energética son objetivos primordiales para el desarrollo de cualquier sociedad, debemos exigirles a nuestros dirigentes que sus propuestas tengan como fundamento datos comprobables, que los planes de acción sean ejecutables y verificables y que ponderen los riesgos de sus iniciativas con el bienestar social.